Jueces del Tribunal de Apelaciones cuestionan la definición de seguridad nacional.

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Jueces del Tribunal de Apelaciones cuestionan la definición de seguridad nacional.

Un panel de tres jueces en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal la semana pasada cuestionó la cantidad de discreción de la que goza el presidente en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, escuchando los argumentos en un desafío que podría dirigirse a la Corte Suprema.

Durante una discusión oral del 10 de enero en la corte con sede en Washington DC, los jueces Richard Taranto, Alvin Schall y Kara Stoll escucharon a abogados que representan al Instituto Americano para el Acero Internacional, AIIS por sus siglas en inglés,  y la administración Trump. AIIS presentó su desafío de la Sección 232 ante el tribunal en agosto pasado después de que la Corte Suprema en junio se  negó a escuchar su argumento desafiando la constitucionalidad del estatuto que Trump ha utilizado para implementar aranceles basados en la seguridad nacional sobre las importaciones de acero. Después de que el Tribunal de Apelaciones lo aborde, el caso podría ser apelado ante el Tribunal Supremo.

El argumento oral de la semana pasada sigue a un fallo de marzo de 2019 en la Corte de Comercio Internacional de los EE. UU. Este decía que un caso de la década de 1970, en el que Algonquin SNG Inc. desafió sin éxito la imposición de programas de tasas de licencia sobre las importaciones de productos derivados del petróleo, sirvió como precedente vinculante.

Alan Morrison, un abogado que representa a AIIS, afirmó que el estatuto establece una definición “amplia” de seguridad nacional, “que incluye todo lo que afecte a la economía”. También reiteró el argumento del grupo siderúrgico internacional de que el Congreso no puede delegar sus poderes legislativos a las agencias federales sin dar una guía “inteligible” sobre la cual basar sus recomendaciones, una idea conocida como la “doctrina de la no delegación”.

Sin embargo, el juez Taranto señaló que en realidad no dice nada que afecte a la economía, sino que cualquier cosa que afecte a la economía puede ser una base para determinar que algunas importaciones amenacen con perjudicar la seguridad nacional. Agregó que, por ejemplo, un caso no podía ser sometido a la ley que afirmaba que las importaciones de tulipanes representaban una amenaza.

El juez Schall cuestionó sobre las partes de la Sección 232 que describen los factores que el presidente debe considerar antes de tomar medidas. “El presidente está encargado de encontrar hechos, identificar las circunstancias en las que se aplicará la política y luego aplicarla”, afirmó Tara Hogan, abogada que representa a la administración,“Absolutamente, hay una gran cantidad de discreción que se le ha otorgado al presidente en esta circunstancia y que es completamente consistente con el cuerpo de leyes de casos de doctrina de no delegación, particularmente en casos de asuntos exteriores, comercio exterior y seguridad nacional. El presidente a menudo tiene una gran cantidad de discreción y juicio para ejercer la ley “.

Sin embargo, Morrison sostuvo que si el gobierno tiene razón al argumentar que el estatuto estipula la delegación adecuada de la autoridad legislativa, “entonces, de hecho, la doctrina (de no delegación) está muerta”. “Y no creemos que así sea”, concluyó. “Hay importantes controles integrados en el proceso legislativo. Ambas cámaras tienen que aprobar la ley, el presidente debe firmarla o promulgarla sobre su veto.

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